La República Dominicana actualizó oficialmente su regulación del mercado de alquiler por primera vez en 70 años. En agosto de 2025, el Congreso aprobó la Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios, promulgada como la Ley 85-25, que sustituye a la antigua Ley 4314, vigente desde 1955.
La nueva ley introduce directrices y obligaciones claras tanto para propietarios como para inquilinos, con el objetivo de modernizar el sector del alquiler del país y dar mayor seguridad jurídica a ambas partes.
Entre las disposiciones clave se incluyen:
Los depósitos de garantía están limitados a un máximo de dos meses de alquiler (reducido respecto a la propuesta original de tres meses).
Los propietarios deben entregar recibos de todos los pagos recibidos, y cualquier pago en moneda extranjera debe estipularse en el contrato de alquiler.
Una propiedad no puede alquilarse sin el consentimiento de todos los copropietarios.
Los contratos de alquiler pueden rescindirse en casos como la pérdida de la propiedad, el incumplimiento de obligaciones contractuales o el uso ilícito de la vivienda. Los inquilinos que deseen rescindir el contrato deben notificarlo con un mes de antelación.
Los propietarios siguen siendo responsables de las reparaciones necesarias, y los inquilinos deben tolerar las molestias razonables durante dichas reparaciones.
Los inquilinos están obligados a pagar el alquiler a tiempo, mantener la propiedad en buen estado, evitar alteraciones estructurales y cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias.
Un procedimiento judicial especializado permite ahora ejecutar el desahucio de inquilinos morosos en un plazo máximo de dos meses, y los jueces deben dictar sentencia en un plazo de 30 días naturales desde que el expediente queda listo para fallo.
Los depósitos de garantía, junto con una copia del contrato de alquiler, pueden depositarse en una sucursal del Banco Agrícola o Banreservas cercana a la propiedad, por acuerdo entre las partes.
Se trata de la actualización más importante de la ley de alquileres dominicana en siete décadas, y refleja el impulso más amplio del Gobierno por modernizar el marco legal en torno al sector inmobiliario, mientras los mercados de alquiler y turismo del país siguen creciendo. Tanto propietarios como inquilinos deberían familiarizarse con las nuevas reglas, idealmente con la orientación de un abogado inmobiliario local, ya que algunas cláusulas contractuales redactadas bajo la ley anterior podrían necesitar actualizarse para seguir siendo válidas.
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